Corrupción de políticos y funcionarios en caso de la autopista Durango-Mazatlán

Demandan ejidatarios de 5 comunidades

Más de 3 mil familias de los ejidos Pueblo Nuevo, Chavarría nuevo, Chavarría viejo, Comunidad Chavarría y San Antonio y Anexos, fueron despojadas de sus tierras al ser construida la autopista Durango-Mazatlán, y aunque el movimiento en defensa de los ejidatarios surgió hace diez años, hace tres meses se está peleando en los tribunales para que el gobierno federal por medio de la SCT los indemnice.
El líder de este movimiento en Durango Ernesto Pérez Virgen, denunció a los medios de comunicación que la problemática inició hace doce años y los ejidatarios no habían presentado la denuncia ante el Tribunal Superior Agrario por la presión que ejercieron autoridades y políticos de todos los partidos políticos en ese tiempo.
Indicó que además del daño ambiental es un asunto de corrupción y violación a los derechos agrarios de los campesinos de Durango, Sinaloa y Nayarit, en donde los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón se dedicaron a construir autopistas y libramientos que han incomunicado a pueblos, secado arroyos, contaminado ojos de agua.
Mencionó que entre los tres estados afectados suman 6 mil familias que perdieron su patrimonio y suman 500 kilómetros lineales por 60 metros de ancho, sin embargo, será el Tribunal Superior Agrario, el que determine la cantidad que se les pagará a cada ejidatario de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Expropiación, Artículo 27 Constitucional, Ley Agraria, Reglamento de Propiedad Rural y de Vivienda.
“Las leyes dicen que toda tierra privada o social que sea usada para bien público debe ser pagada a valor comercial y precios actualizados, por lo tanto como la tierra de los campesinos en Durango no ha sido indemnizado nuestra defensa es que se pague como lo dice la ley”.
Finalmente comentó que la demanda es directamente en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y el Tribunal Agrario será el encargado de citar a las autoridades involucradas, no así a los directores de Centros SCT de los estados “ya que ellos se involucraron en la corrupción y despojo de las tierras de los campesinos”, aseguró.

Reacción del Centro SCT Durango

Cabe mencionar que se buscó al director del Centro SCT Durango Enrique León de la Barra Montelongo, para que diera su versión sobre esta problemática, sin embargo, no se encontraba en su oficina.
Asimismo el Residente de Carreteras Alimentadoras Rubén Darío Soto, del Centro SCT, explicó que al ser construida la autopista Durango-Mazatlán se firmó un convenio con los propietarios de tierras llamado “anuencia de paso”, por lo tanto al ser caminos rurales de beneficio social y no de interés económico, los ejidatarios no tienen derecho a indemnización.